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El ex presidente colombiano se enfrentaría a una pena mínima de tres años de cárcel por escuchas y vigilancia ilegal a ONG españolas. Las acciones de los servicios secretos se cometieron en España
 La magistrada del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, ha admitido a trámite una querella presentada por refugiados colombianos contra el ex presidente Álvaro Uribe y dos ex altos cargos del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por actos de espionaje en España que incluiría seguimientos y violación de las comunicaciones en ONG consideradas opositoras por el Ejecutivo de Uribe. El Código Penal prevé penas de entre tres y cuatro años de cárcel por los delitos que la querella atribuye al ex presidente y sus colaboradores.
La querella, redactada por los abogados Mauricio Valiente y Enrique de Santiago, se presentó en octubre, la víspera de la visita de Uribe para recoger un galardón del Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo de la Universidad San Pablo CEU, que premió también a José María Aznar. Y se dirige contra Uribe, Jorge Aurelio Noguera, director del DAS entre 2002 y 2006, y Germán Villalba, que supuestamente asumió las operaciones en Europa.
La operación Europa' incluía seguimientos y captura de emails
La base del escrito es un informe de la fiscalía colombiana sobre la documentación encontrada durante el allanamiento de las oficinas del DAS, en 2009, que originó un gran escándalo en Colombia al ponerse de manifiesto la existencia de una tupida red de espionaje contra ONG, magistrados, periodistas y políticos. Uribe y su equipo más cercano han sido señalados por funcionarios del DAS y por cables de Wikileaks difundidos por Le Monde como los responsables de las operaciones ilegales.
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Si el líder del PP, Mariano Rajoy, auguraba una campaña tranquila para las elecciones autonómicas en Madrid, se equivocaba. La Audiencia Provincial ha reabierto el caso del supuesto espionaje político llevado a cabo por expolicías y ex guardias civiles a sueldo del Gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre, al apreciar indicios de delito. "De lo actuado aparecen indicios suficientes de la comisión de delito de malversación de caudales públicos por el que se sigue la causa", reza el auto que se hizo público ayer.